Pues bien, en noviembre del 2007 los dueños de las grandes cadenas de farmacias se negaron a vender la píldora en Chile, sin embargo no tenían problemas de hacerlo en sus cadenas comerciales de otros países donde al parecer no tienen restricciones de ningún tipo, todo esto sucedió al encontrarle la razón a la iglesia considerando que la píldora pudiese ser abortiva. Ahora bien en el año 2008 se prohibió también la distribución de la anticoncepción de emergencia en los servicios públicos de salud dejando ver el nivel de conservadurismo social, moral e institucional que prevalece en nuestro país y que sin considerar lo que la población opine o prefiera a destajo se toman decisiones muy poco consecuentes a lo que necesita la sociedad chilena hoy en día, ya que sin duda esta medida no representa el sentir de gran parte de la población, así de esta manera las farmacias nuevamente comenzaron a lucrar con este método de anticoncepción dejando a muchas mujeres sin los recursos para adquirirla en total desamparo y viéndose obligadas a tomar otras medidas al correr el riesgo de gestar un embarazo no deseado, ocurriendo dramáticos hechos de mujeres que arriesgan sus vidas en abortos clandestinos o que han abandonado e incluso matado a sus hijos todo esto la mayoría de veces relacionado con la pobreza, abandono, violencia, desinformación y falta de oportunidades para vivir una vida digna.
Así pues también en nuestro país existía y aún existe un doble discurso de las mujeres y hombres con recursos, los que si pueden acceder tanto a la anticoncepción de emergencia como a abortos seguros, sin por esto ser condenados ni enjuiciados, lo que demuestra la histórica injusticia social que hay en Chile con respecto a temas que se tornan difíciles de abortar como lo es la sola posibilidad de un aborto.
La iglesia católica a jugado un importante papel influyendo en la toma de estas decisiones de restringir la anticoncepción de emergencia ya que quizá esta sigue en la línea de sus normas morales, pero esto no es un fundamento que de derecho de privar a personas con una cierta responsabilidad sobre sus vidas a tomar ellos mismos las decisiones con respecto a algo tan personal como lo es la sexualidad la que muchas veces NO está ligada a la procreación si no más bien a una satisfacción personal lo cual igualmente es legitimo de cada persona; también han influido conjuntos de personas con pensamientos extremadamente conservadores que se han sentido capaces de decidir sobre miles de mujeres y hombres chilenos que tal vez optarían por esta opción, y sin más salida se ven limitados por asuntos monetarios, lo cual es una muestra de discriminación, puesto que aquellos que si tiene los recursos de acceder a esta píldora no se verían de mayor manera afectados con el tema de la no repartición en servicios públicos.
De esta forma se puede notar la represión y el ataque al derecho de decidir libremente si se quiere o no tener hijos y de una planificación familiar, sin embargo, aún hoy en día cuando ya se aprobó el proyecto de ley al acceso universal de métodos anticonceptivos de emergencia podemos ver como sectores políticos y religiosos todavía están en contra de hacer valer los derechos sexuales y reproductivos a cada uno de los habitantes de nuestro país, de integridad física y psíquica de las personas dejando sin reconocer y sin validez la libertad, la dignidad y los derechos de todos y cada uno de los integrantes de Chile.
Según las disposiciones y opiniones del carácter abortivo que pudiese tener la píldora del día siguiente, el dispositivo intrauterino más conocido como “T” de cobre podría ser tan abortivo como ésta ya que cumple una de las mismas funciones de la píldora de impedir la implantación del ovulo fecundado en la pared del útero, entonces equivaldría según esto a cometer el crimen del aborto al coartar el derecho a la vida, es decir, ¿un millón y medio de mujeres chilenas serían asesinas? Entonces, ¿también habría que prohibir su uso y comercialización habiendo esta posibilidad? Cabe preguntarse esto también.
Si bien, este nuevo proyecto de ley representa un avance, no se debe dejar de poner atención a la real prioridad que es más bien el proyecto de ley marco de derechos sexuales y reproductivos, el cual no se ha tramitado a nivel parlamentario pese a que está en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, y cuyo enfoque es mucho más integral.
Tampoco podemos dejar de mencionar y hacer notar el costo político que hubiesen sufrido algunos sectores por no apoyar una demanda que la ciudadanía impulsa con cada vez mayor fuerza, lo que sin duda tiene que haber influenciado para la toma de esta reciente decisión
